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Libre Elba Esther Gordillo… llamará luego a conferencia de prensa

MÉXICO 08/08/18/LA RED SOCIAL– Paralelo al proceso de pacificación, reconciliación, perdón, amnistía, legalización que promoverá el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en breve quedará libre la ex líder del magisterio en México, Elba Esther Gordillo, pese a los evidentes excesos y uso faccioso del poder que tuvo con los recursos del SNTE.

La exlideresa magisterial quedó en absoluta libertad de las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero a las que era sujeta. La absolución se dio mediante una notificación del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, que se entregó a las 23:30 horas del martes.

Desde las escalinatas del departamento de la maestra, Marco Antonio del Toro, abogado de la ex dirigente, indicó que la exlideresa ya no se encuentra en su departamento de la colonia Polanco, está con su familia. Sin embargo, anunció que hará su reaparición pública el próximo 20 de agosto, cuando manifestará su postura respecto a su detención en una conferencia de prensa.

En términos reales, Gordillo nunca permaneció dentro de un penal. Gozó de privilegios que ningún otro delincuente ha tenido. Fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, y pasó una temporada en la clínica del penal femenil de Tepepan.

Después deambuló por varios hospitales hasta conseguir la prisión domiciliaria en su departamento de Polanco, en la Ciudad de México.

Mientras tanto, en Chihuahua, el futuro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó con el esbozo de lo que será su estrategia para terminar con la violencia generada por el narcotráfico y el crimen organizado en su país.

Dijo que la propuesta la prepara con la participación de expertos, organizaciones civiles, víctimas y familiares de personas desaparecidas, a través de una serie de foros que inician este martes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, el primer encuentro con la sociedad fue negativo.

Familiares de los ejecutados, de los desaparecidos, de los violentados, no quieren amnistía ni perdón para sus agresores. Los homicidios y desaparición de personas alcanzaron un nivel de impunidad del 98% en promedio en los últimos tres sexenios: dos del PAN y uno del PRI.

El objetivo, según López Obrador, es construir un proceso de paz que permita la reconciliación y en muchos casos, aplicar justicia en un país donde, según especialistas, tan sólo con Peña Nieto hubo más de 154.000 asesinatos.

Parte de la estrategia contempla legalizar el cultivo de marihuana para fines lúdicos y permitir la siembra de amapola para uso farmacéutico. Sin embargo, en medio de este proceso, no se ha dicho cómo se castigará la colusión de jueces y autoridades civiles con líderes del narcotráfico en particular y del crimen organizado, en general, dedicados a la extorsión política y al secuestro.

Ello explicaría por qué es tan fácil para el narco en México hacer negocios con los bancos y por qué es tan difícil combatirlo. Hasta el momento sólo se plantea un proceso de amnistía para algunos detenidos o encarcelados por participar en el narcotráfico.

Se busca, además, el desarme, la desmovilización y reinserción de los miembros de la delincuencia organizada; crear comisiones de la verdad para resolver algunos de los casos más polémicos de los últimos años, como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Estas visiones han empezado a tener rechazo entre la sociedad civil. Organizaciones civiles como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) advierten que legalizar la producción de marihuana es un camino equivocado.

“La experiencia internacional muestra lo contrario, porque los delincuentes siguen vendiendo en el mercado negro”, advierte el vocero de la organización, Marco Tulio Mendoza. Otros como Salvador Abascal, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, creen que aumentaría el consumo, sobre todo en menores de edad.

“La amenaza de las drogas pende como la espada de Damocles sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos”, advierte.

Pero en el equipo de López Obrador creen necesario aplicar una táctica distinta a la de los últimos dos gobiernos, que privilegió el combate militar al narcotráfico.

“Dos gobiernos de fallidas estrategias en materia de seguridad obligan al siguiente a hacer una modificación”, le dice a BBC Mundo Loretta Ortíz, coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz.

Es el organismo responsable de organizar la serie de encuentros con la sociedad civil, llamada “Foros para trazar la ruta de pacificación del país y reconciliación nacional”.

“Como lo ha dicho López Obrador, no se va a arreglar esta situación a través de más balas y violencia. Se demostró que es fallido”.

El plan para terminar con la violencia se va a concluir después de los 18 foros y encuentros ciudadanos que se realizarán en varias regiones del país, señala Ortíz.

Algunos elementos se conocen desde la campaña electoral, y otros se añadieron tras los comicios del 1 de julio como la decisión de crear comisiones de la verdad para investigar y resolver algunos de los casos más graves de violación a derechos humanos.

Un ejemplo son las fosas clandestinas localizadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde según organizaciones civiles puede haber cientos de personas.

Muchos fueron secuestrados cuando viajaban en autobús hacia la frontera norte. Otros vivían en comunidades vecinas.

Las desapariciones iniciaron en 2011, uno de los años más violentos en la guerra contra el narcotráfico. Las autoridades suspendieron la búsqueda de cuerpos desde hace varios años.

Otra comisión de la verdad investigará la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Olga Sánchez, próxima secretaria de Gobernación, recalca que sobre todas las cosas las víctimas del narcotráfico en México tienen “derecho a la verdad”.

Olga Sánchez Cordero, propuesta como próxima secretaria de Gobernación, dice que el objetivo de estos organismos es encontrar elementos para sancionar a los responsables de las masacres o desapariciones.

“Todo, teniendo como eje central de esta pacificación los derechos de las víctimas que tienen en este proceso, el derecho a la verdad”, señala.

JUSTICIA TRANSICIONAL

Éste es uno de los elementos novedosos en la estrategia que diseña AMLO: establecer un sistema de justicia transicional que permita la reconciliación.

Este modelo transicional se aplica en países que sufrieron conflictos armados, represión o crímenes de lesa humanidad que no puede resolver su propio sistema de justicia.

Son casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas de manera sistemática.

“Eso ha venido sucediendo en México con estos 12 años de guerra contra el narcotráfico”, le dice a BBC Mundo Tania Ramírez, directora de Política de drogas de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD).

Un sistema de justicia de esta naturaleza “permitiría conocer la verdad histórica de qué está pasando en comunidades o poblaciones afectadas por la guerra contra el narcotráfico”.

“La justicia transicional se ha usado en muchos contextos a lo largo del mundo, en particular en Guatemala o Perú” explica Ramírez.

“Más recientemente fue clave en el acuerdo de paz de Colombia. Hay muchos esquemas, hay que ver cuál se adapta a México”.

La estrategia incluye una de las propuestas más controvertidas del virtual presidente electo: amnistiar a algunas personas que participan en la cadena de la delincuencia organizada.

Se trata, por ejemplo, de campesinos que siembran marihuana o amapola por necesidad económica, o porque fueron obligados por bandas de narcotráfico.

También beneficiaría a jóvenes obligados a colaborar con carteles, o encarcelados por traer una dosis mínima de drogas, explica Loretta Ortíz.

En este proceso no entran los jefes de carteles, bandas de robo de combustible, homicidas o secuestradores, por ejemplo.

“Ellos no son sujetos de amnistía, no se va a amnistiar ningún crimen o delito vinculado con el uso de la violencia, y menos aún cuando sean crimen es de lesa humanidad”.

Al menos 30.000 personas han desaparecido en México como producto de la guerra contra el narcotráfico.

El tema es particularmente sensible en la desaparición de al menos 30.000 personas durante la guerra contra el narcotráfico, según organizaciones civiles.

Son pocos los casos que se han resuelto, la mayoría porque sus restos fueron localizados por grupos de ciudadanos que buscan en fosas clandestinas, a veces sólo con las manos.

Una de las propuestas que analiza el equipo de AMLO es promover una ley de reducción de penas, aplicable a detenidos que aportan información para resolver crímenes o encontrar desaparecidos.

Podría ser una alternativa, porque en estos casos el tema es claro: la reconciliación y un eventual perdón requieren, primero, un acto de justicia.

“Está como pegado, va junto, es concomitante: no se habla de perdón ni olvido, y menos en los crímenes de lesa humanidad”.

“No puede haber perdón ni reconciliación si primero no hay justicia”.

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