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NYT: Gobierno Espió a Investigadores de Caso Ayotzinapa

"La Tragedia en México es la Impunidad"

Investigadores del GIEI

NUEVA YORK, JULIO 10, 2017.- Hoy lunes apareció una nota en el diario New York Times en la cual se asegura que el gobierno mexicano espió no sólo a periodistas y activistas sino a un grupo de investigadores internacionales quienes habrían llegado a México para investigar el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

No sólo fue un espionaje en contra de periodistas y activistas disidentes mexicanos, sino también el programa llamado Pegasus fue utilizado para realizar escuchas sobre el equipo de investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI quienes fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

De acuerdo con una nota publicada este lunes por el diario The New York Times NYT, el grupo de expertos que realizaban una indagatoria sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas fueron blanco de la tecnología de espionaje que fue vendida al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas.

Los Investigadores se Quejaron de que el Gobierno Mexicano Obstaculizaba su Labor Indagatoria

Hace casi un mes, la noticia del espionaje que el gobierno mexicano realizó en contra de periodistas y activistas de derechos humanos y medio ambiente a través de herramientas que fueron compradas a una firma israelí para perseguir a delincuentes, fue dada a conocer por el diario estadounidense.

Un análisis independiente al que tuvo acceso el diario estadounidense confirmó que el principal enlace del GIEI recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el software Pegasus, cuyo objetivo fue el teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo, el cual fue usado por casi todos los integrantes del grupo debido a que era nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.

“Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje”, destaca el medio.

Además, indica que los miembros del GIEI dicen haber recibido mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios.

Dichos textos incentivan a darle clic a un enlace, al hacerlo y de manera secreta se instala el programa que convierte al celular en un aparato de espionaje, ya que permite el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono.

The NYT resalta que al tener como blanco a los miembros del GIEI se afectó a oficiales internacionales, los cuales contaban con una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar uno de los casos más polémicos de la situación de los derechos humanos en México.

“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.

“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México, añadió Cox.

El diario explica que de acuerdo con las leyes mexicanas la vigilancia solo puede ser realizada con la autorización de un juez federal y cuando se tiene causales bien justificados, pero dada la inmunidad diplomática del GIEI sería improbable que el gobierno obtuviera una orden para espiarlos.

En su reportaje, el diario neoyorquino también señala las dificultades y obstáculos que enfrentó este grupo mientras realizaban su investigación en el país, como la negativa del gobierno a compartir documentos o para realizar entrevistas clave e, incluso, amenazas de indagatorias penales en represalia a su trabajo.

El rotativo agregó que el gobierno ha negado ser responsable del espionaje y prometió una investigación a fondo encargada a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual anunció hace una semana que solicitará apoyo al FBI y a las Naciones Unidas.

Sin embargo, la embajadora estadounidense en México, Roberta Jacobson, afirmó que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación.

Legisladores de la oposición y funcionarios internacionales han pedido que haya una investigación independiente al acusar que México no es capaz de indagarse a sí mismo.

Desde 2011, México ha gastado por lo menos 80 millones de dólares en el programa espía, que se comercializa de manera exclusiva a gobiernos y con la condición de que sea utilizado solo contra delincuentes y terroristas.

Pero una investigación hecha por The New York Times y analistas forenses determinaron que el software ha sido empleado contra académicos, abogados, periodistas y sus familiares, incluido un adolescente.

Políticos de alto rango de oposición han dicho que también fueron blanco de Pegasus, lo que amplía el alcance de la pesquisa y aumenta la presión en contra del gobierno para que este responda.

Ricardo Anaya y el Grupo que Analiza el Espionaje del Gobierno Mexicano

El presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, dijo que su agrupación solicitará de manera formal el establecimiento de un comité legislativo para llevar a cabo su propia indagatoria.

“La gran tragedia de México es la impunidad. Suceden cosas horribles y no pasa nada”, dijo. “Esta vez no vamos a dejar que sea así”.

Muchos mexicanos sentían que los expertos representaban la oportunidad de descubrir qué les sucedió realmente a los estudiantes; pero los integrantes del GIEI dijeron que el gobierno obstruyó sus pesquisas y luego básicamente los expulsó al rehusarse a extender su mandato lo que, según ellos, evidencia que el gobierno simplemente no quería que el caso fuera resuelto.

“Estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México. Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, dijo John Scott-Railton, investigador senior de Citizen Lab.

“Si es cierto que el gobierno espió o intentó espiar a nuestros expertos, sería una atrocidad de proporciones históricas”, James Cavallaro, Comisionado de la CIDH.

FUENTE: THE NEW YORK TIMES

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