últimas noticias:

Víctimas de Desplazamiento Forzado en Sinaloa: CNDH

A Causa de Violencia Criminal

CIUDAD DE MÉXICO, OCTUBRE 10, 2017.  Por violación a los derechos humanos de 2,038 personas víctimas de desplazamiento forzado interno DFI, en los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix, en el estado de Sinaloa, a causa de violencia generada por grupos criminales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH emitió una recomendación dirigida al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, al Fiscal General estatal Juan José Ríos Estavillo y los presidentes municipales de esos dos ayuntamientos, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente.

Aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente, entre otros.

Queda claro que agentes del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa PGJE, encargados de la integración de tres averiguaciones previas, fueron negligentes en su investigación, violando el derecho a la adecuada procuración de justicia.

Así como autoridades estatales y municipales fueron omisas en su obligación de otorgar y garantizar el derecho a la asistencia humanitaria, o las ayudas inmediatas señaladas en la Ley General de Víctimas, como alojamiento, alimentación, salud, educación y trabajo, satisfactores mínimos indispensables para una vida digna.

Asimismo, se observó que el DFI generó violación del derecho a la propiedad de esas personas, que huyeron de sus lugares de origen y resultaron víctimas de saqueos, destrucción y despojo de sus bienes.

El 21 de mayo 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, remitió a este Organismo Nacional, por razones de competencia, la queja de una mujer representante de más de 600 familias (1,475 personas), que fueron desplazadas en 2012 de 40 comunidades del municipio de Sinaloa de Leyva, en tanto que el 9 de abril de 2015 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para una segunda defensora de 563 personas en Choix.

Ambas sufrían persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa.

Tras su investigación, la CNDH acreditó que diferentes autoridades municipales y estatales tenían conocimiento sobre la situación del desplazamiento forzado a causa de la violencia del crimen organizado que impera en los lugares en que estaban las personas desplazadas en ambos casos.

Las autoridades fallaron en su obligación de realizar acciones para brindarles seguridad y protección ante tales hechos y, en su caso, la atención y asistencia adecuadas a fin de garantizar sus derechos fundamentales.

Por tal motivo se solicitó al Gobernador de Sinaloa y a las autoridades municipales de Choix y Sinaloa de Leyva el cumplimiento de los siguientes puntos recomendatorios:

  • Diseñen e implementen un programa de reparación integral colectiva, que brinde a las personas desplazadas condiciones dignas de vida, y puedan reestablecer sus medios de subsistencia, llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación actual de esas personas, y se les brinde atención médica y psicológica.
  • Realicen un censo que confirme cuántas personas fueron desplazadas de esos municipios de enero a mayo de 2012, y en todo el estado.
  • Diseñen e implementen dos campañas de información, una para comunicar a esas personas cuáles son sus derechos y a quién pueden acudir para la protección de los mismos, y otra dirigida a servidores públicos que tengan contacto con ellas para sensibilizarlos sobre la obligación que tienen de garantizar y proteger tales derechos.
  • Diseñar un programa de acceso a la vivienda.

Los sistemas DIF estatal y municipales deberán implementar un programa de atención para que las víctimas de DFI tengan acceso a las ayudas establecidas en la Ley General de Víctimas.

A los gobiernos estales y municipales también se les recomendó se reconozca mediante un comunicado de prensa a las dos mujeres como defensoras de derechos humanos y desarrollar una campaña sobre la importancia de la actividad de las personas defensoras en general.

De igual manera, analizar la pertinencia de presentar ante el Congreso local una iniciativa de ley para la prevención del DFI, el reconocimiento de los derechos de las personas desplazadas, las medidas de atención y protección que deben implementarse para salvaguardar sus derechos y las autoridades responsables de llevar a cabo dichas medidas, e informar a la Procuraduría Agraria sobre la desprotección y posibles afectaciones a las tierras ejidales y/o pequeñas propiedades, abandonadas por las personas desplazadas, para protegerles esos derechos.

Al Fiscal General del estado de Sinaloa se le pide investigar los delitos denunciados por las personas víctimas del DFI, y determinar conforme a derecho las averiguaciones previas del caso.

Además deberá colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que corresponda ante la Visitaduría Ministerial de esa Fiscalía, para que resuelva sobre la responsabilidad por la dilación injustificada en la determinación de dichas averiguaciones previas. 

Comentarios

comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo no será publicada.


*